En un hecho sin precedentes en la administración de justicia nacional y latinoamericana, se ha abierto proceso penal contra diez militares (EP) implicados en la violación sexual de siete mujeres de las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica), durante el contexto del conflicto armado peruano. Este caso fue presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación el año 2003. El auto apertorio de instrucción emitido por el magistrado Segismundo León, Juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, constituye un documento de avanzada que concuerda la normatividad nacional con la internacional para reconocer que si bien estos hechos constituyen un delito de violación sexual, dado el contexto en que se desarrollaron adoptan la categoría de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles.Como se recordará, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio cuenta de 538 casos de violación sexual cometidos en la guerra interna y registró 23 casos ocurridos en la comunidad de Manta y Vilca.
Los hechos se circunscriben a la instalación de una base militar en dichas comunidades (1983) que lejos de brindar la seguridad a la población, afectó de manera diferenciada a las mujeres, quienes fueron violadas sexualmente por los efectivos militares.La Fiscalía Supraprovincial Penal de Huancavelica que formalizó la denuncia (octubre 2007) aún tiene en espera a más victimas, cuyos perpetradores no pueden ser identificados hasta la fecha por la renuencia del Ministerio de defensa a brindar información sobre los efectivos que fueron asignados a las bases militares. Este gran paso para la obtención de justicia y reparación a favor de las mujeres de Manta y Vilca, abre las puertas para la judicialización de otros miles de casos similares que se dieron en el mismo contexto de violencia, y que ya no verán en el paso del tiempo una garantía para la impunidad, porque al igual que el caso Manta y Vilca, también son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.
