RESUMEN DEL CASO (ACTUALIZADO)

A consecuencia del incremento de las acciones subversivas, se instalaron bases militares en los distritos de Vilca y Manta el 21 de marzo de 1984. Estos destacamentos debían brindar seguridad a los pobladores de las citadas localidades; pero los miembros de las fuerzas del orden cometieron una serie de violaciones contra los derechos humanos de la población. Durante el tiempo en que funcionaron las bases militares, la población local fue víctima de diversas violaciones a sus derechos por parte de los militares: detenciones arbitrarias, torturas, robos y saqueos. Sin embargo, lo más reprobable fue la violencia sexual permanente de la que fueron víctimas las mujeres de la zona, quienes, en ocasiones, también eran forzadas a realizar labores domésticas para los agentes acantonados en las bases. Adicionalmente a las secuelas físicas y mentales que sufrieron las víctimas, la CVR dejó constancia de los numerosos casos de embarazos no deseados y de niños nacidos a consecuencia de las violaciones sexuales. En efecto, luego de la investigación desarrollada, la CVR concluyó que la violencia sexual fue una práctica persistente y cotidiana en las zonas de Manta y Vilca. Los principales responsables fueron los integrantes del Ejército destacados en las bases militares del lugar. Las denuncias sobre violaciones sexuales cometidas por personal militar contra las mujeres de los distritos de Vilca y Manta, así como de Moya y Acobambilla —área de influencia de ambas bases— indican que estos abusos se realizaron desde el momento en que las instalaciones militares se establecieron hasta que fueron retiradas. Tal como sucedió en otras zonas del Perú, las mujeres de Manta y Vilca fueron víctimas de violencia sexual en diversas circunstancias, entre ellas, por su participación o vínculo —real o presunto— con el PCP-SL, o cuando se acercaban a pedir información sobre sus familiares desaparecidos. Sin embargo, subyacente a cualquier razón específica, se reconoce un deseo de controlar a la población mediante el ejercicio del poder, lo cual se evidencia en las múltiples violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la zona. En el caso específico de las mujeres, éstas eran especialmente vulnerables, no sólo por su condición socioeconómica y cultural (pobres, campesinas, analfabetas y quechuahablantes), sino porque, además, muchas de ellas habían perdido a sus esposos debido al conflicto armado. En otros casos, los esposos eran detenidos por los efectivos militares y llevados a la base, con lo cual ellas quedaban a su merced. Asimismo, el hecho de ser jóvenes y adolescentes las hacía víctimas señaladas de violencia sexual. Como resultado de sus investigaciones, la CVR determinó que entre 1984 y 1995 aproximadamente 23 mujeres debidamente identificadas habían sido víctimas de violación sexual por efectivos del Ejército de las bases militares de Manta y Vilca. Varias de ellas quedaron embarazadas como consecuencia de esas violaciones y allí están las 32 partidas de nacimiento como incontrastable pruebas señalando a “soldado” o “capitán” como supuestos apellidos de los recién nacidos. La violación sexual siempre se conoció, pero a diferencia de un crimen como el asesinato o la desaparición forzada, nunca se denunció. Las mujeres se quedaron con la vergüenza a cuestas y marcadas en sus propias comunidades. Esta es, simple y llanamente, una doble tragedia sobre aquellas mujeres. El año 2004 la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica dio inicio a las investigaciones, a la par que el Instituto de Defensa Legal asumía el patrocinio de varias de las señoras agraviadas. Desde aquel año, a pesar de la desidia y falta de interés de algunas autoridades fiscales, se lograron incorporar diversos y consistentes elementos probatorios que fueron demostrando de manera fehaciente que las violaciones sexuales se habían cometido de manera extendida. Asimismo, los efectivos militares supuestos responsables, a pesar de la falta de información oficial del Ministerio de Defensa que linda con el encubrimiento, fueron identificados gracias a la investigación fiscal. La denuncia penal y la trascendencia del caso hizo que la Fiscalía de la Nación tomara la decisión de crear la Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica encargada de la investigación de los casos de graves violaciones a los derechos humanos producidas en ese departamento y designó como encargado al fiscal Juan Borjas Roa en setiembre del año 2007.

El 05 de octubre del año 2007 se formalizó denuncia contra 9 ex integrantes de las fuerzas armadas, por la comisión de estos hechos en agravio de 07 mujeres. Desde Noviembre del año 2007 la denuncia se encuentra ante el Cuarto Juzgado Supraprovincial encargado de la calificación y de la emisión del auto apertorio de instrucción.

La trascendencia de este caso se circunscribe al reconocimiento del contexto particular en el que se cometieron estos hechos, no estamos hablando entonces de una violación sexual común, sino una práctica generalizada llevada a cabo por efectivos militares de las bases contrasubversivas que fueron acantonadas al interior del país. Siendo ello así, estamos frente a un delito de lesa humanidad y por lo tanto con carácter de imprescriptible

En ese sentido la denuncia por el caso de las violaciones sexuales en las bases militares de Manta y Vilca no solo pone las manos de la justicia en uno de los principales casos investigados por la CVR, hecho sin precedentes en el Perú y en América Latina. Ahora le corresponde al Poder Judicial devolver la mirada a aquellas mujeres que en silencio y por casi dos décadas han esperado este momento, hacer que el paso del tiempo y el olvido no sean nuevamente las expresiones más acabadas de la impunidad. En buena cuenta, hacer justicia.